REDES SOCIALES PARA EL BIEN COMÚN
Nota publicada en el diario Perfil el 01-04-22
Aún no podemos juzgar una propuesta de la que ni siquiera conocemos todo su contenido. Sí podemos asegurar que no están buenas las críticas opositoras únicamente por el color político del padre del proyecto.
Lo más parecido a patear un hormiguero fue el anuncio del Secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, cuando anunció en el marco del Consejo Económico y Social que estaban trabajando en una iniciativa para trazar los “lineamientos centrales del uso de las redes sociales” y garantizar “que dejen de intoxicar el espíritu de la democracia”.
Este proyecto, aunque en el anuncio se habló de acuerdo, surge de “Redes para el bien común”. Entonces, ¿Qué es redes para el bien común? Es un programa que, a partir de la adhesión de la República Argentina al Pacto por la Información y la Democracia, persigue el objetivo de abordar los múltiples desafíos del ejercicio de la ciudadanía en tiempos de internet. Busca, de este modo, aportar a la construcción de un ecosistema digital más plural y respetuoso que potencie la calidad del debate público.
Justamente, Redes para el bien común es un programa del Consejo Económico y Social que nace a partir de la adhesión de la República Argentina al Pacto por la Información y la Democracia, en junio del año 2021. Entre los países firmantes a la fecha están Alemania, Francia, Reino Unido, España, Italia, Bélgica, Noruega, Austria, Canadá, Chile y Costa Rica.
Este Pacto básicamente trabaja sobre cuatro ejes.
¿Hacia dónde apuntan las acciones?
Desde la firma del Pacto y hasta el anuncio de Gustavo Beliz, según pude ver se trabajó para lograr un Acuerdo amplio sobre buenas prácticas en Internet como un compromiso de responsabilidad compartida para crear entornos digitales respetuosos que refuercen los valores de la libertad, la tolerancia, la convivencia democrática y aseguren el mayor grado posible de veracidad de la información que circula en redes y plataformas digitales. Al menos eso era el norte al que se dice querer llegar. Al menos eso se indica en los documentos publicados hasta la fecha y a los cuales tuve acceso.
En ese acuerdo se mencionan 7 jugadores, a saber:
1) el estado nacional, provincial, municipios,
2) Las plataformas de contenido digital,
3) empresas de servicios de comunicación,
4) universidades
5) Dirigencia política, sindical, empresarial y social,
6) autoridades electorales,
7) empresas verificadoras de contenido.
Los puntos sobre los que se pretende actuar son varios e involucran a cada uno de los actores que se mencionaron antes. En cuanto al primero de ellos, el estado, se buscará fomentar la educación digital desde el nivel primario, el acceso universal a internet, el combate de la violencia de género en línea, el fortalecimiento de los marcos legales de protección de datos personales, así como políticas y mecanismos que promuevan el pluralismo y la diversidad en Internet. Este punto creo que va de la mano con el proyecto de ley para crear una Agencia Nacional de Algoritmos.
También contendrá propuestas dirigidas a las plataformas de contenidos digitales para que sus términos de servicios, sus criterios de moderación de contenidos y sus procedimientos de revisión sean compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos, teniendo especialmente en cuenta la protección de las minorías y grupos vulnerables.
En cuanto a las empresas de servicios de comunicación, el Acuerdo prevé su colaboración para lograr un ecosistema informativo plural, desalentar la difusión de noticias falsas y desarrollar campañas informativas sobre el uso responsable de internet y las redes sociales.
Se fomenta el trabajo conjunto de las autoridades electorales y los partidos políticos para combatir el impacto negativo que la desinformación y las noticias falsas pueden tener en la integridad democrática.
El documento incluye recomendaciones para las empresas verificadoras de contenido orientadas a fortalecer su rol de alertadoras fiables de información falsa.
Antecedentes que generan esperanzas.
La pura realidad es que más allá del anuncio y lo que pudimos averiguar del Pacto firmado por la Argentina y que sería la base de todo esto, no contamos con más información que la que volcamos en este artículo y fue extraída de documentos publicados por el proyecto Redes para el bien común.
Sin embargo, y de lo que pudimos también investigar se estaría trabajando sobre la base de antecedentes que resultan prometedores de lo que pueda proponer el gobierno en esta iniciativa.
Entre los bases que se mencionan encontramos el Código de buenas prácticas contra la desinformación (2018) de la Comisión Europea, Ley de lucha contra la propagación de información falsa y la manipulación de la información durante las campañas electorales (2018) Francia, y la Guía para garantizar la libertad de expresión frente a la desinformación deliberada en contextos electorales (2019) de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con los aportes del Departamento de Cooperación y Observación Electoral y el Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Para concluir, no podemos juzgar una propuesta que nadie todavía leyó, ni siquiera conocemos todo su contenido. Lo que puedo decir es que no están buenas las críticas opositoras únicamente por el color político del padre del proyecto. Vamos a darle una oportunidad, aunque sea para que vea la luz, después podremos criticar o elogiar fundadamente.
